LA CERTEZA JURÍDICA DEBE ESTAR POR ENCIMA DE CUALQUIER INTERÉS DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Con relación a las reformas enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para modificar 23 leyes en materia administrativa, cuyo propósito es que el Gobierno pueda decidir, unilateralmente, “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) señala:

a) Estas propuestas violentan el orden jurídico nacional y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el Gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna.

b) La discrecionalidad en las decisiones siempre genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos.

c) Concentrar en la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas, hace a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad.

d) Al no ser necesarios estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra, se atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales.

e) De ser aprobadas esas iniciativas en los términos que fueron presentadas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y generaría un clima de incertidumbre jurídica.

Las reformas propuestas buscan que la Administración Pública Federal, se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, pueda “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.

Además, le confiere “atribuciones para llevar a cabo actos que corrijan desviaciones que puedan darse tanto por infracciones a la ley como por la existencia de acontecimientos que modifiquen las condiciones iniciales en que se emitieron los actos administrativos y que, con posterioridad a su emisión, resulten perjudiciales para el interés general”.

Por lo anterior, la CONCAMIN hace un llamado a las Cámaras de Diputados y Senadores para que haya un diálogo franco, serio y sin exclusiones con todos los sectores involucrados en este tema, a fin de que puedan expresarse los distintos puntos de vista.

Es necesario convocar a un Parlamento Abierto en el que realmente se escuche a las partes interesadas antes de que los legisladores dictaminen la iniciativa, porque de lo contrario seestaría legislando sin consultar a quienes podrán verse afectados con esa determinación.