LA INDUSTRIA MEXICANA FRENTE A LA CRISIS

La industria mexicana es sensible a las inquietudes de la ciudadanía, las empresas y el gobierno para la definición de declaratorias generales que uniformen los criterios frente a las afectaciones ocasionadas por el coronavirus (Covid-19)

 Entre los criterios que el CSG debería considerar en sus declaratorias, reviste particular importancia proteger y estimular el motor productivo del país, para que a la vez que se atienda la contingencia sanitaria se atienda también la económica.

Nuestra sociedad enfrenta actualmente un reto importante en muchos aspectos con motivo del eventual crecimiento en México de los casos de COVID-19 y sus consecuencias de salud, económicas y sociales. Para el sector industrial las afectaciones están siendo claras, como ya lo ha comunicado CONCAMIN, desde las Cadenas Globales de Valor de las que México forma parte, la acumulación de 16 meses consecutivos de caídas en la producción industrial, el potencial retroceso acelerado de nuestra productividad y la disminución de la inversión ante escenarios de incertidumbre.

Por eso es que los industriales hacemos un llamado a que se convoque al Consejo de Salubridad General, órgano dependiente directamente del Presidente de a República que se encuentra facultado constitucionalmente para emitir disposiciones generales obligatorias en nuestro país para hacer frente a las epidemias.

Asimismo, desde CONCAMIN nos ponemos a disposición de los integrantes de dicho Consejo para proporcionar la información que estimen oportuna para que esas medidas consideren también la importancia de que la industria establecida en México siga desarrollando su actividad productiva y aportando no sólo a la atención de la epidemia sino también a la generación de los bienes e insumos necesarios en la prevención y en atención de las personas contagiadas y al empleo y bienestar económico de la población, que son sin duda también una prioridad en la toma de decisiones.

Finalmente, reiteramos la solicitud de generar mesas de trabajo con el Ejecutivo a fin de suscribir un Acuerdo Nacional que permita mitigar la posible recesión que se enfrentará en el mundo y que garantice que se mantenga el empleo en México, abordando temas como la Política fiscal, la Política monetaria, el financiamiento de la Banca de Desarrollo a sectores estratégicos, la Regulación, la inversión y el gasto públicos, entre otros